Las 240.000 empresas del metal que generan en torno al millón de puestos de trabajo piden a los grupos parlamentarios que modifiquen la reforma laboral en su tramitación como proyecto de ley. Pretenden que la posibilidad de eludir el cumplimiento del convenio en el capítulo salarial se extienda al resto de las condiciones suscritas. Asimismo, consideran «una rigidez tremenda» que «la inaplicación salarial no pueda superar la vigencia del convenio o, en su caso, los tres años».

Las demandas figuran en un informe de la patronal del sector, Confemetal, elaborado con motivo del decreto de reforma laboral. En 2009, cerca del 70% de los convenios provinciales recogía fórmulas para no pagar los salarios pactados en caso de problemas. Las denominadas 'cláusulas de descuelgue' tienen su origen en el Estatuto de los Trabajadores y son una estrategia habitual e histórica en la negociación colectiva del sector, que con la crisis adquirió relevancia, puesto que es una manera de que los empresarios se blinden ante el declive económico.

Las patronales defienden que las 'cláusulas de descuelgue' suponen una garantía indispensable para «salvar» numerosas empresas. Siempre persiguen que sean una propuesta prioritaria en cualquier mesa de negociación. Los responsables de Confemetal valoran la definición reflejada en el decreto de reforma, consistente en que la cláusula se aplicará «cuando el sistema y las perspectivas de la empresa o su estabilidad económica pudieran verse dañadas» como consecuencia de la aplicación del convenio, pero mantienen que su alcance debería ser «mayor» y afectar a «todos los contenidos del convenio y no sólo a los salariales».