La factura de la Administración central ha crecido a un ritmo frenético desde 2005. Pese a ello, las cuentas de 2010 revelan que las inversiones reales caen por segunda vez.
La subida de impuestos planeada por el Gobierno, con la que espera recaudar 11.000 millones de euros, parece ser el mero parche para la grieta de un edificio que no ha parado de agravarse. Desde que Zapatero realizó sus primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE), en 2005, los gastos de personal de la Administración central han repuntado un 30,46%. O lo que es lo mismo, 7.722 millones de euros más. Si se toma como referencia el proyecto de PGE para 2010, la cifra se dispara aún más: crece un 33,39%, 8.466 millones de euros más que al inicio del mandato de Zapatero.
Durante los cuatro presupuestos anteriores, el Gobierno de José María Aznar redujo en 1.262 millones este capítulo de gasto (un 4,95%). Hay un factor clave para explicarlo. En 2002, el Estado transfirió definitivamente los servicios de sanidad y educación a las comunidades autónomas, lo que ayudó a descentralizar buena parte del gasto corriente del Estado hacia las autonomías (éstas gestionan en torno al 70% de los servicios sociales en España).
Pero, precisamente, es en este punto donde sorprende la evolución del Gobierno de Zapatero: la factura de personal del Estado ha sumado casi 8.500 millones más, una vez desprendida de la masa de trabajadores más numerosa: maestros, médicos, universidades, personal sanitario, etc.
Las nóminas de los funcionarios no explican, por completo, el agujero público. El resto de partidas de gasto estructural de los Presupuestos ha seguido una deriva similar. Por ejemplo, las transferencias corrientes, en las que se recoge el envío de fondos a comunidades autónomas y ayuntamientos, avanzaron un 13% entre 2000 y 2004. Desde 2005 hasta 2009, lo han hecho tres veces más, un 33,72%. O lo que es lo mismo, este tipo de pagos ha sumado 54.805 millones de euros (70.861 millones contando el proyecto de los PGE de 2010).Por su parte, las transferencias de capital, que durante el último periodo de Aznar repuntaron un 25,6%; han crecido un 63% entre 2005 y 2009. Este capítulo se disparará hasta los 14.976 millones en 2010, es decir, un 120% más que en 2005.
El Gobierno insiste en que los últimos Presupuestos serán una pieza más en el cambio de modelo productivo de la economía nacional. Pero lo cierto es que la partida que más contribuye a ello, las inversiones reales, ha tomado una senda decreciente. En 2009, se recortaron en 385 millones de euros. Y en 2010, volverán a recortarse en 1.300 millones de euros. El volumen total de estas inversiones al cierre de 2010, después de los supuestos planes de impulso a la economía, será de 12.283 millones de euros, una partida que no dista en exceso de la última presupuestada por el Ejecutivo de Aznar en 2004: 10.524 millones.
La cuestión básica es si, a medio y largo plazo, la Hacienda Pública podrá sostener este volumen de obligaciones. Teniendo en cuenta, además, que España afronta un proceso de envejecimiento muy rápido que pondrá en serios aprietos al sistema de pensiones, como han advertido de forma reiterada organismos como la OCDE o la Comisión Europea.
Los límites En apenas año y medio, el Estado ha pasado de contar con un superávit del 2% del PIB (20.000 millones de euros) ha amasar un déficit del 10% (unos 100.000 millones de euros). El boom de la construcción y del consumo generó también una burbuja de las cuentas públicas en la última década. En otras palabras, el superávit era, en cierto modo, ficticio.
“El sistema fiscal español es insuficiente para financiar el gasto estructural permanente, que puede establecerse, de forma aproximada, en seis o siete puntos del PIB. Es decir, 60.000 millones o 70.000 millones de euros”, advierte el director de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda.
Publicado el 19-10-2009 , por C. Cuesta / D. Gracia. Madrid
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