La oposición no apoya el texto porque se olvida de las clases más desfavorecidas y no asegura financiación.
18 Febrero 10 - F. Martí
SEVILLA- La Ley del Derecho a la Vivienda cumplió ayer su último trámite parlamentario, tras su debate y posterior aprobación por el PSOE y la oposición de PP e IU. Punto y final a un proceso que arrancó en septiembre de 2007, meses antes de las últimas elecciones autonómicas, cuando el ex presidente Chaves prometió una ley que garantizaría el acceso a una vivienda pública a las unidades familiares que ganaran menos de 3.000 euros brutos mensuales.
El proyecto que se aprobó ayer dista mucho del primer anuncio. La Ley obliga a la creación de un registro de demandantes en los ayuntamientos y a la elaboración de planes municipales para la construcción de vivienda protegida. Si un Consistorio o la Junta no cumple ninguna de esas obligaciones, los ciudadanos podrán acudir a la vía Contencioso-Administrativa para denunciarlos. Eso no se producirá nunca antes de dos años, plazo que tienen las administraciones para cumplir la nueva ley. Lo que no podrán hacer es reclamar la titularidad de un inmueble, independientemente de que no tengan recursos para acudir al mercado de renta libre. Los registros de demandantes ya están en marcha en 707 de los 771 municipios, aunque no es algo exclusivo de esta ley, porque el Ministerio de Vivienda lo exige en el Plan Estatal de Vivienda. Para inscribirse, el solicitante tiene que garantizar «suficiente grado de autonomía» económica. De hecho, para acceder a la propiedad o el alquiler de los inmuebles, habrá que cumplir los requisitos de solvencia que exigen las entidades financieras. La ley no garantiza que ningún banco o caja aporte el crédito necesario, ni para el promotor ni para el adquiriente. El artículo 9 sí enumera las distintas ayudas y préstamos cualificados que ya ofrece la Administración andaluza. Para las personas sin recursos, el artículo 20 compromete a las Administraciones públicas andaluzas a «favorecer» los alojamientos transitorios. Éste fue uno de los puntos que la diputada del PP-A, Alicia Martínez, criticó durante el debate en la Cámara: «Hay una clara falta de compromiso con la vivienda social», argumentó. También criticó el texto porque la Administración andaluza descarga su responsabilidad en los consistorios: «La Junta invita, los ayuntamientos pagan», concluyó Martínez. Por su parte, el diputado de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no apoyó el texto porque «descansa en la financiación privada» y descarta «la intervención pública». No le gustó al consejero de Vivienda, Juan Espadas, que los grupos no se sumaran al proyecto y, una vez aprobada la ley, les afeó que su grado de colaboración había sido «mínimo», lo que motivó la queja del Grupo Popular. Antes, el diputado del PSOE-A José Caballos habló de «un día histórico».
Fuente: La Razón
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